No solo el escandaloso incremento en el costo de la construcción del Gasoducto Andino del Sur, de casi cinco veces (de US$ 1,300 millones el 2008, a US$ 6,004 millones anunciado por el operador Kuntur el 6 de julio pasado), habría hecho dar marcha atrás al Gobierno en participar en el financiamiento, y pasar a convocar una licitación pública internacional. Según fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), citadas por el portal gatoencerrado.net, un documento llegado a esa sede habría sido decisivo en este giro.En efecto, mediante un informe reservado de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde emite opinión respecto a este tema, se especifica que el Estado no puede actuar como "prestamista" en medio de las operaciones de un contrato privado.(Edición sábado).