Ha pasado un año desde que el presidente Ollanta Humala anunciara -en su discurso de asunción de mando- que Petroperú sería reforzada empresarialmente para su participación en nuevos acuerdos de inversión. Hoy, la intervención de la estatal en el Gasoducto Andino del Sur y la ansiada industria petroquímica es duramente criticada.Resulta que los proyectos que prometen la revolución económica en el sur del país aún no encuentran garantizada su viabilidad y, para más de un especialista en temas energéticos, sus pomposos anuncios dejan más dudas que certezas. Tras poner la primera piedra del gasoducto, el temor al endeudamiento con el dinero de todos los peruanos comenzó a rondar por los pasillos de Palacio de Gobierno. Si bien el pasado 29 de marzo un emocionado Humala prometía en Quillabamba que los peruanos "tendremos una renta muy importante a través de una empresa nacional que se la está jugando por el desarrollo del país", no existe mercado establecido para el gasoducto, y los montos que la empresa encargada del proyecto le exige a Petroperú superan los US$ 400 millones sin ninguna garantía.Pero eso no es todo, el economista y asesor energético Víctor Medina Calderón indicó que si al costo del gasoducto -que pasó inexplicablemente de US$ 1,350 millones a US$ 5,000 millones en menos de tres años con la llegada de Odebrecht- le agregamos la recuperación de la inversión de Petrobras (socio de Odebrecht), en labores de exploración de los lotes 57 y 58, "los empresarios y el mercado de consumo en la macrorregión sur no soportarían los precios finales".(Edición sábado).