Papelito manda. Cuando en setiembre del 2008, el Estado peruano le adjudica a Kuntur Transportadora de Gas SAC la concesión del Gasoducto Andino del Sur, valorizado entonces en US$ 1,350 millones, pero que tres años después cuesta US$ 5,000 millones según cifras oficiales de Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), se estipuló que la inversión sería totalmente privada. No obstante, al paso del tiempo, las directivas y las perspectivas de los gobiernos mutaron. Las ofertas proselitistas lanzadas por el ahora presidente Ollanta Humala han generado grandes expectativas, sobre todo en el terreno de la industria energética con el promocionado gasoducto y la planta petroquímica en el sur. Es por ello que hoy en día se habla de un Petroperú como agente del Estado en esta iniciativa, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cofide serán las entidades que reestructurarán su participación financiera.El ex titular del Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, consideró que si el Estado quiere intervenir financieramente el gasoducto, la inversión debe ejecutarse en un nuevo proyecto, "yendo a una licitación pública, puesto que habrían recursos públicos como garantías también", y no en el publicitado oleoducto. Y es que la internacional brasileña Odebrecht, que se adjudicó la concesión del 100% de la construcción del gasoducto por solicitud de parte, planteó que dicha obra se construya en dos tramos: la primera que vaya desde Camisea hasta Quillabamba (Cusco), y posteriormente un segundo tramo que retomaría las obras en Quillabamba para llevar la tubería de gas y líquidos hasta Ilo (Moquegua). No obstante, dentro de sus pedidos es que a través de Cofide, el Estado financie el primer tramo que requerirá una inversión de US$ 1,200 millones.