Es inconcebible. Justo cuando el país necesita que su sistema judicial funcione con eficiencia y a cabalidad para sacar adelante los expedientes de extradición de Fujimori, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) no ha tenido peor idea que aprovechar la coyuntura y declarar un estado de emergencia judicial, en respuesta al reciente recorte presupuestal hecho por el Congreso.La medida, además de inoportuna, reviste una clara forma de presión. Si bien el presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano, ha asegurado que esto no es el preanuncio de más huelgas, preocupa que el CEPJ plantee una situación de emergencia que solo incrementa las suspicacias y explicables dudas sobre la capacidad e independencia del Poder Judicial para atender procesos complejos, como el de Fujimori.Que ese poder del Estado necesita más recursos es una verdad irrefutable. Igualmente, como informó la fiscal Adelaida Bolívar, también es claro que el Ministerio Público requiere partidas adicionales, pese a los beneficios que ha recibido de este gobierno. Es más: ¿Qué hay de la reforma judicial y sus objetivos medibles?La pregunta inevitable, que flota en la cabeza de muchos peruanos, es por qué plantear en estos momentos el tema del recorte presupuestal. ¿Es que acaso el Poder Judicial y también la fiscalía están chantajeando al Gobierno, condicionando sus funciones jurisdiccionales a la entrega de recursos? ¿O es que ambas ya tiraron la toalla en el Caso Fujimori? Magistrados y fiscales deberían entender que este caso les ofrece la valiosa oportunidad de reivindicarse ante el país, a través de la cabal elaboración de los expedientes de extradición, que no solo deben estar bien hechos sino concordados con la justicia chilena.