El Gobierno ha creado una comisión multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas que le den forma a lo que llama una nueva relación con las industrias extractivas con el fin de que la población recupere la confianza en el Estado. En realidad, en el Perú hemos tenido avances considerables en ese terreno, pero, lamentablemente, sin que siempre se expresen en resultados alentadores. La obligación de hacer estudios de impacto ambiental (EIA), por ejemplo, nace en 1990, hace poco más de 20 años. Y hace diez años, en el 2002, se estableció la obligación de realizar una secuencia de tres talleres en cada una de las poblaciones del área de influencia de un proyecto, con una audiencia general al final. El procedimiento, a cargo de la empresa, ha servido en algunos casos pero ha sido inconducente en otros. El fracaso más notorio fue el de Tía María. El éxito más rotundo, el de Las Bambas. En casos como el de Santa Ana (Puno) y Conga, el proyecto fue aprobado por las comunidades del área de influencia, pero luego rechazado por la población periférica.El EIA establece el escenario de una batalla en la que los opositores al proyecto suelen ganar si la empresa no ha sido lo suficientemente diligente y empática y si el Estado, como suele suceder, brilla por su ausencia. Los casos de éxito sugieren que el proyecto debería venir precedido de una propuesta de desarrollo integral para un área algo mayor que la directa de influencia, de la cual forme parte la mina como factor dinamizador. Pero para eso el Estado necesitaría mayor capacidad de explicación y las empresas ser conscientes de que es inaceptable que se trate a algunos peruanos prepotentemente como ciudadanos de tercera categoría.Raúl Delgado, presidente de Cesel Ingenieros, ha fraseado esto en términos de que lo que se requiere es un estudio de inclusión social y productiva junto al EIA. Que en los talleres comunales se recojan y discutan los elementos para esa propuesta de desarrollo. Así, los pobladores dialogan acerca de su futuro y su mejor integración al mercado. Y, para esto, es necesario mejorar el proceso de consulta previa para que sea más diáfano. Para reducir los conflictos,asimismo, debemos crear las condiciones para que los comuneros se vuelvan empresarios que se beneficien del mercado y puedan abandonar la agricultura de subsistencia. Una vez logrado esto, tendrán interés en que lleguen inversiones que desarrollen el área para tener un mercado más grande para sus productos que, a su vez, les permita mejorar su calidad de vida. Y, así, será más difícil que sean utilizados como carne de cañón por algunos caciques locales.Para esto es crucial resolver el tema de la propiedad. Si no delimitamos bien la tierra de las comunidades y no damos a sus miembros la oportunidad de, libremente, convertirse en propietarios individuales, estos no tendrán cómo arrendarla, venderla o cómo asociarse para usarla en una empresa que realmente saque provecho al mercado que crea la mina. Paralelamente, es necesario resolver el tema de la escasez de agua. Solucionar este problema no solo eliminaría una de las causas (o excusas en algunos casos) para oponerse a las actividades extractivas, sino que, además, permitiría elevar la producción de los campesinos y facilitaría que se conviertan en empresarios agrícolas y dejen de producir solo para el autoconsumo. Son, afortunadamente, varias las cosas que se pueden hacer para solucionar la escasez de agua: una política nacional de forestación que permita reducir la desertificación, construir zanjas de infiltración y microreservorios familiares y, del mismo modo, permitir que al que le sobre agua pueda venderla, para así incentivar su generación y ahorro.Finalmente, es imprescindible que el Estado recupere credibilidad desterrando el prejuicio de que es un árbitro parcializado. Para esto, tiene que empezar por sancionar ejemplarmente la violación de normas ambientales o cualquier otra obligación legal por parte de las mineras.El gobierno tiene que tener algo muy claro: seguiremos enfrentando los conflictos que tenemos hasta hoy mientras las comunidades no sientan que la inversión minera es un proceso consensuado y donde ellas, claramente, salen ganando.