El juego más peligroso del mundo es no jugar a lo seguro. Si bien queda fuera de toda discusión la revolución económica que el Gasoducto Andino del Sur significaría para regiones como el Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, sí se cuestiona la forma como se hará.Resulta que la edificación del proyecto -que hasta hoy es señalado como el mayor logro en la era Humala- establece polémicos planteamientos al Gobierno, sobre todo porque contempla la intervención del Estado en un proyecto que hace agua por donde se le mire.La internacional brasileña Odebrecht, que asumió el 100% de la construcción del gasoducto tras comprar a la empresa Conduit el 49% de la participación del proyecto que esta poseía, planteó que el gasoducto se construya en dos tramos, el primero que vaya desde Camisea hasta Quillabamba (Cusco) y posteriormente un segundo tramo que retomaría las obras en Quillabamba para llevar la tubería de gas y líquidos hasta Ilo (Moquegua).Hasta ahí todo bien si no fuera por un detalle relevante a los intereses de todos los peruanos. La constructora brasileña, que en el Perú siempre fue cuestionada por los millonarios sobrecostos con que acabó cada obra en la que recibió la buena pro, ha solicitado al Gobierno que a través de Cofide financie el primer tramo, que requerirá una inversión de US$ 1,200 millones.Odebrecht, que es la mayor empresa de América Latina en su sector y está presente en cuatro continentes, aprovechando que el Gasoducto del Sur es la máxima prioridad dentro de las obras a desarrollar por los gobiernos regionales del sur y que el Gobierno ha puesto en evidencia una extraña premura y preocupación por su ejecución, astutamente transfirió el riesgo al Estado con una jugada que en Palacio de Gobierno y en Petroperú prefieren pasar por alto.