Con el propósito de afrontar los conflictos sociales relacionados con la actividad minera es necesario monitorear la conflictividad mediante un organismo intersectorial que coordine con los tres niveles de gobierno con una lógica de prevención, afirmó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Rómulo Mucho.En su presentación en el Primer Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, dijo que es necesaria una nueva Ley General de Minería que eleve los estándares en cuanto a la participación y consulta a la población para que los estudios de impacto ambiental (EIA) sean más exactos."El Estado, con el apoyo de la empresa privada, debería iniciar la remediación de los pasivos ambientales y en algunos casos convertirlos en activos turísticos", comentó.