LLAMADA DE ATENCIÓN. Castigar severamente los casos de corrupción es una de las tres promesas que más de la mitad de la población considera que ha incumplido el presidente Ollanta Humala en su primer año de gobierno, según la encuesta de Datum Internacional correspondiente a este mes de julio.La importancia de este asunto es bastante alta para la población, tanta que en la misma encuesta es señalado como uno de los tres problemas más urgentes que debe resolver el Gobierno (primero, inseguridad ciudadana; segundo, conflictos sociales), por encima, incluso, de la lucha contra la pobreza, el desempleo y el narcotráfico. La percepción es que en estos 12 meses se ha hecho muy poco para evitar que la corrupción siga invadiendo al Estado, en todos sus estamentos y en todos sus niveles, lo que es grave pues la corrupción no solo genera problemas éticos y legales, sino que es el principal freno del desarrollo del Perú y, por tanto, el principal castigador de los más pobres.Recordemos que la fragilidad del Estado y también de la sociedad civil para evitar actos indebidos en la administración pública permite a la corrupción entablar sólidos vínculos con otras formas de delincuencia, particularmente con la organizada y con la económica, como el blanqueo de dinero, lo que a la larga resquebraja la estabilidad política y el desarrollo sostenible.Para contribuir a disminuir esa sensación de inacción, es importante que las instituciones públicas anuncien su disposición de afrontar con más brío el problema, como el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría de la República, que han suscrito un convenio para luchar conjuntamente contra la corrupción.No obstante, pocos resultados se podrían obtener de ese esfuerzo si las organizaciones judiciales, que la población juzga como bastante corruptas, paralelamente a la fiscalización a otras entidades no comienzan a dar muestras de cambio, reformando el sistema y excluyendo a todos los servidores que caigan en la tentación de recibir ilegales prebendas. Además, la población, que acusa a los funcionarios, debe entender que también es parte del problema, pues no habría corrupción si no existiera gente dispuesta a corromper.
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