LO QUE FALTA. La regulación en el Perú ha evolucionado favorablemente en pocos casos. Uno de ellos es el financiero. Los bancos, aseguradoras y el resto de entidades intermediarias operan en el país bajo un esquema normativo estricto -aunque en la protección de los derechos del consumidor todavía se percibe cierta inacción-. El sistema privado de pensiones (SPP) es otro componente del sector financiero que funciona dentro de un marco supervisor profesional basado en el cuidado de los fondos de los afiliados.Hay que reconocer la preocupación de las autoridades por proteger esos recursos, aunque en ocasiones no tomen demasiado en cuenta los puntos de vista de las empresas que administran ese dinero (las AFP), como acaba de ocurrir con el proyecto de reforma del SPP que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha elaborado y que ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Lo paradójico es que el MEF no parece tener la misma preocupación para reformar el “otro” sistema de pensiones: el que está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y que, a diferencia de las AFP, no acumula ni rentabiliza los aportes de cada afiliado en cuentas individuales. Es por ello que las pensiones que reciben sus 495,754 pensionistas actuales y los que recibirán sus 1.18 millones de aportantes obligatorios cuando se jubilen provienen de un fondo común y no de la capitalización de sus aportes.Otro dato curioso es que la ONP no es supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y aunque es una entidad pública, no existe mucha información acerca de las inversiones que realiza con el mencionado fondo común. Los afiliados a las AFP reciben información sobre su dinero, en qué se invierte y hasta pueden calcular la pensión que recibirán cuando se jubilen. Los aportantes de la ONP no reciben ninguna información al respecto.Por lo visto -y solo hemos mencionado algunos puntos saltantes- la necesidad de reformar el sistema nacional de pensiones es evidente. De mantenerse esa manera poco transparente de administrar recursos, los próximos gobiernos tendrán un problema fiscal que será inmanejable, pues en algún momento el fondo común comenzará a crecer menos que el número de pensionistas.
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