Si de usar recursos estatales se trata, la exigencia debe ser máxima, para que se haga solo cuando se demuestre que es estrictamente necesario. Posiciones laxas de los que toman la decisión tienen que ser punibles con sanciones ejemplares. Esto tiene que ser la regla para los casos Gasoducto del Sur y la Refinería de Talara, donde la administración de la pareja Heredia-Humala está adquiriendo compromisos con los grupos sociales de Cusco y Talara, alentados por funcionarios de corporaciones privadas y dependencias estatales peruanas que no dicen la verdad; ya sea por legos, voluntariosos, irresponsables o promotores de intereses subalternos. Para el Gasoducto del Sur, el objetivo es llevar gas a la macrorregión sur, no la de adquirir e instalar tuberías. La lógica para cualquier proyecto de ir formando mercado de consumo de gas natural (GN), es llevar al destino deseado el energético en la modalidad que permita hacerlo de la manera más eficiente. Se presentan por lo menos hasta tres alternativas: gas natural comprimido (GNC), gas natural licuefactado en pequeña escala (micro LNG) y gasoductos.