Los embargos judiciales a los sentenciados por corrupción de ninguna manera son arbitrarios y buscan sólo resarcir los daños que un grupo de personas ocasionaron al Estado, afirmó el exprocurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos José Ugaz. "No existen actos arbitrarios, porque los embargos son regulados, tienen procedimientos establecidos y, en este caso, la Procuraduría hace que se ejecute la ley", manifestó. Consideró acertada esta medida porque, dijo, el Estado empieza a recuperar terreno en un tema en el que existió descuido durante la gestión anterior. Explicó que toda sentencia condenatoria, como lo señala el Código Penal, acarrea inmediatamente responsabilidad civil y que la justicia fije en la sentencia un monto por concepto de indemnización, que debe pagarse.