En un editorial del 4 de octubre de este año, afirmábamos que la decisión de la Municipalidad de Lima de formalizar el servicio de taxis, dando plazo a los miles de taxistas que circulan en la capital para renovar su acreditación hasta el 14 de este mes, era una "noticia positiva" siempre y cuando no se acabara cediendo "a las demandas de los irresponsables de siempre, que salen a exigir prórrogas para eludir la ley".Esto último es exactamente lo que, lamentablemente y confirmando nuestros temores, ha sucedido. La municipalidad ha anunciado que no habrá sanciones para los taxistas que no cumplieron dentro de la fecha y que quedará sin plazo la obligación de acreditarse que sigue pesando sobre ellos. Esto, naturalmente, equivale a anular la obligación.Con esto, obviamente, los primeros afectados son los usuarios, quienes siguen enfrentando un servicio en el que, merced a todos los atracos y secuestros al paso, juegan a diario a la ruleta rusa.Aún más. Con medidas como estas se daña también severamente nuestro precario Estado de derecho. Y es que con estos patéticos retrocesos nuestras autoridades no hacen otra cosa que socavarse a sí mismas al tiempo que incentivan esa tan arraigada costumbre que tenemos los peruanos de, sencilla e inmutablemente, ignorar la ley.