Nada justifica la escalada de paros y movilizaciones violentas que ya han causado la pérdida irreparable de vidas humanas en Cajamarca. Mientras la propia población de esa región y el resto del país claman por la reanudación del diálogo en torno al proyecto minero Conga y otras inversiones directas vinculadas con el desarrollo integral de todas las provincias cajamarquinas, a un costo de 5,000 millones de nuevos soles, reducidos grupos radicales promueven ataques a la propiedad pública y, lo que es peor, contando con el aval de la autoridad regional. Aquí no se trata de protestar frente a un gobierno autoritario que quiere imponer la ejecución de un proyecto sin atender los reclamos de la población. Todo lo contrario, tan pronto asumió el poder, en julio del año pasado, el gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, adoptó una actitud totalmente abierta al diálogo, no obstante que se trataba de cumplir un contrato suscrito por la empresa minera con el gobierno anterior. Mostrando tolerancia, fiel compromiso con los intereses del pueblo y capacidad de negociación, el Gobierno logró que se suspendiera el proyecto y convocó a un peritaje internacional encargado de revisar y evaluar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera concesionaria. Realizado el peritaje, el Jefe del Estado, en el marco del establecimiento de una nueva relación entre la minería, la población y el Estado, recogió las recomendaciones técnicas de los expertos y formuló nuevas condiciones que tienen que cumplirse en Conga, donde se prioriza la preservación del agua, la reducción sustancial del impacto ambiental en la agricultura y ganadería, y la ejecución de obras para impulsar un desarrollo integral en la región. La empresa, finalmente, se ha allanado al cumplimiento de estas nuevas condiciones, para lo cual el Gobierno ha establecido un sistema de permanente fiscalización y control con participación de la propia población. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la actitud de la autoridad regional y los grupos radicales en Cajamarca? Negarse obstinadamente al diálogo y llevar adelante un paro regional que está causando enormes daños a la economía de ese departamento, donde se ha llegado al extremo de poner en riesgo el año escolar de los estudiantes de primaria y secundaria. Los luctuosos sucesos acaecidos en los últimos días en Celendín y Bambamarca, con el doloroso saldo de cuatro fallecidos y varios heridos, han suscitado la indignación y protesta de la ciudadanía. El pueblo peruano, felizmente, ha desarrollado un alto sentido de la unidad y la solidaridad cuando se trata de superar situaciones críticas para alcanzar los grandes objetivos nacionales de progreso y bienestar con inclusión social y equidad. Así, en estos momentos cruciales existe un consenso unánime sobre la necesidad de unir esfuerzos y voluntades para reanudar el diálogo en Cajamarca, bajo los principios irrenunciables de proteger la vida, la salud, el progreso y la justicia social. Un claro ejemplo de este sentimiento de unidad lo acaba de dar el Concilio Nacional Evangélico, entidad que agrupa y representa a diferentes confesiones cristianas no católicas, cuyos representantes respaldan decididamente el diálogo y apoyan la designación del sacerdote Gastón Garatea como mediador, coincidiendo con otras instituciones laicas, así como con las fuerzas políticas y sociales de la nación.