El vicepresidente de la Confiep, Alfonso García Miró, respaldó el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Descentralización del Congreso, que busca declarar la vacancia de los presidentes regionales que atenten contra el orden público y el estado de derecho. Dijo que una autoridad elegida que usa su cargo para ponerse a la cabeza de marchas que bloquean carreteras o impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos, debe ser expulsada del Estado, y subrayó que ello no puede considerarse una criminalización de la protesta.Por el contrario, consideró lícito que la sociedad en su conjunto tenga medidas para protegerse de este tipo de autoridades, cuya conducta revela el desconocimiento de sus responsabilidades inherentes a sus cargos.