NECESIDAD DE UNA NUEVA RELACIÓN LA MINERÍA

La recurrencia de los conflictos relacionados al sector minero ha llevado a que se plantee en la agenda política la necesidad de una nueva relación con la minería.La minería ha contribuido significativamente a la reducción de la pobreza, fruto de los impactos directos por contrataciones y compras locales, así como por la ejecución de proyectos de inversión. Sin embargo, los recursos recaudados por canon y regalías mineras aún no han contribuido en todo su potencial. Esto no se debe a la insuficiencia de recursos: solo a través de transferencias a la población se reduciría sustancialmente la pobreza. El problema es el bajo nivel de ejecución. En el 2011 los gobiernos locales solo ejecutaron el 58.2% de su presupuesto de inversiones; mientras los regionales, solo el 61.7%. Esta situación es agravada por la baja calidad del gasto. Un estudio de Apoyo Consultoría revela que solo el 32.3% del presupuesto de gobiernos locales se invierte en sectores prioritarios (salud, educación, saneamiento, servicios públicos) y el resto en prioridades secundarias (plazas, complejos deportivos, etc.).El año pasado expiró el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), que creó los llamados fondos mineros. Este programa constituyó un mecanismo efectivo para la ejecución de proyectos de desarrollo local. La gran ventaja de estos fondos es que permiten alinear los intereses de los mineros con los de la población y sus autoridades. Sus fortalezas fueron un marco regulatorio flexible, un sistema participativo de toma de decisiones, la implementación de estándares de gestión privada, así como evitar los engorrosos procedimientos de contrataciones del Estado.Los fondos no solo sirvieron para financiar y ejecutar proyectos, sino también contribuyeron al fortalecimiento de capacidades y adopción de buenas prácticas en los gobiernos locales. Ayudaron también a apalancar recursos de otras organizaciones y empresas para la ejecución de proyectos. Asimismo, permitieron aliviar tensiones sociales y reducir conflictos.La evidencia muestra que los fondos han sido más eficientes que los gobiernos locales. Así, el referido estudio revela que los costos por beneficiario en proyectos de riego y saneamiento fueron 1.5 veces más altos en la gestión de los gobiernos locales. Esto se explica por las buenas prácticas de los fondos, como la contratación de estudios por paquetes. Así, por ejemplo, una empresa minera de Cajamarca acaba de realizar 49 perfiles de saneamiento con un solo proveedor, mientras los gobiernos locales suelen contratar individualmente cada estudio, sin aprovechar las economías de escala e incrementando los costos de transacción.A pesar de las ventajas, los fondos voluntarios mineros se eliminaron en el 2011 y en su lugar se elevó la carga tributaria para el sector; pero quedó pendiente la mejora en la calidad del gasto.Una alternativa para mejorar la celeridad y la calidad de la inversión sería retomar el PMSP. Este mecanismo generó capacidades de gestión en 40 fondos mineros que hoy no cuentan con recursos. Por ejemplo, se podría destinar parte del canon para que sea gestionado por dichos fondos.Una opción distinta es el fortalecimiento del mecanismo de obras por impuestos. Este es una poderosa herramienta para agilizar inversiones. Sin embargo, a cuatro años de haber sido creado solo hay 22 proyectos adjudicados. El mecanismo debe ser mejorado con cambios normativos orientados a dar más facilidades y garantías a las empresas: reconocer todos los gastos incurridos y fortalecer la asistencia técnica y difusión del mecanismo.Estas opciones permitirían integrar a los diferentes actores con la finalidad de acelerar la ejecución de inversiones en un contexto de abundancia de recursos y grandes demandas insatisfechas, afirman.Geoffrey Cannock y José Luis Escaffi, socios de Apoyo Consultoría.