No solo los conflictos sociales que explícitamente se oponen a la minería (como el caso de Conga) ponen en riesgo la inversión en nuestro país. Otros factores como la falta de seguridad ocasionada por el terrorismo, el desacuerdo o la poca y lenta coordinación entre los niveles de gobierno (local, regional, nacional), los cambios en las reglas de juego, entre otros, también atentan contra la inversión, no solo de aquella que está por venir sino de la que ya está acá y busca expandirse. Este último sería el caso del proyecto de ampliación del ducto principal de Camisea (loop sur) a cargo del consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP). Según fuentes del sector, la ejecución de las obras de dicho proyecto, incluida la instalación de la planta compresora, viene siendo impedida porque en la zona persiste un clima de mucha inseguridad (a causa del terrorismo), por lo que las obras estarían suspendidas.
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