Los gobiernos regionales están sentados sobre US$ 3,500 millones provenientes del canon minero, dinero que debería ser usado para construir escuelas, hospitales y carreteras; sin embargo, dichos impuestos se vienen embalsando y eso se traduce en una mayor conflictividad social. "Tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia un mejor uso de estos recursos, que tienden a estar embalsados en cuentas de bancos y que no se convierten en recursos bien utilizados en obras que el país requiere", dijo recientemente el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Buena parte de ese dinero, calculado con cifras obtenidas por Reuters y datos del Ministerio de Economía, podría ayudar a apagar muchos de los conflictos sociales que ponen en riesgo proyectos mineros por unos US$ 53,000 millones.