CAMBIO. Para los gobiernos, cualquiera sea su orientación política, siempre ha sido un problema controlar la recta ejecución de compras de bienes y servicios de sus entidades y las inversiones en obras de infraestructura. Muchas de esas transacciones devienen en denuncias de corrupción, principalmente por su poca transparencia.Desde el año 2000, en múltiples ocasiones se ha intentado modificar los procedimientos, pero hasta ahora se ha fracasado, como ha sucedido, por ejemplo, con el programa Perú Compra, que tras su auspicioso lanzamiento, fue languideciendo hasta morir por falta de implementación.La carencia de ideas originales para tratar el tema y las permanentes denuncias de irregularidades han generado desconfianza en el sistema, a tal punto que cada vez es menor el número de empresas, grandes o pequeñas, dispuestas a contratar con el Estado. En el Perú, en cada concurso público se presentan un promedio de 1.5 postores. En Chile, el promedio es de seis, y en Colombia, cuatro.A lo anterior se debe añadir que cada vez que se ha intentado extremar la inspección, los vigilados, sobre todo los gobiernos regionales y las municipalidades, han alegado que lo que se intenta hacer es entorpecer la inversión. Sin embargo, el sistema no es el que retrasa las compras y la ejecución de obras, sino la ineficacia de las entidades, y en las estadísticas oficiales nos basamos para sostener lo anterior. De los 27 mil funcionarios encargados de convocar y llevar adelante los concursos de adquisición en más de dos mil 829 entidades públicas, solo 300 están certificados, aunque lamentablemente por instituciones educativas poco reconocidas. Ahora se está intentando poner en marcha una nueva reforma, luego de casi un año de debate en el Congreso. El propósito es dotar de mayor transparencia a los procesos, capacitar a los ejecutores de los concursos y dotar al sistema, que abarca al OSCE, el Seace, al Tribunal de Contrataciones y a la Dirección de Arbitraje Administrativo, de facultades para que sancionen directamente a los infractores de las reglas.Sin embargo, este nuevo buen propósito podría fracasar si no existe una férrea voluntad política para respaldar el cambio.
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