El 21 de mayo un grupo de manifestantes inició un paro en Espinar (Cusco) para exigir a la empresa minera Tintaya que aumente el aporte voluntario monetario a la provincia de Espinar establecido en un convenio firmado en el 2003. Este aporte es adicional al Impuesto a la Renta, al canon, a las regalías y a los demás impuestos locales y tasas. En el convenio se establece que la población recibe el 3% de las utilidades de la operación de Tintaya a través de un fondo que al 2011 supera los 160 millones de soles. Ahora los manifestantes exigen elevar dicho aporte al 30% mediante protestas violentas que han tenido lamentables resultados (dos muertos y 100 heridos, según la Defensoría del Pueblo). ¿Pero hay falta de dinero en Espinar? La provincia cuenta con un presupuesto de S/.264 millones para el 2012 y a la fecha ha ejecutado solo el 10%, según el portal de transparencia del MEF. En el 2011 ejecutó solamente el 57% de su presupuesto total, a pesar de que alrededor del 35% de la población de la provincia es pobre. Y en saneamiento ejecutó el 54% cuando casi la mitad de las viviendas de la provincia no tiene desagüe y una de cada tres viviendas no tiene agua. Y la situación es similar en salud y educación. ¿Por qué el municipio no invierte todos los recursos que tiene para darle agua y desagüe al pueblo de Espinar?¿Qué se arriesga con las protestas? Si bien las operaciones en Tintaya y la construcción del proyecto Antapaccay no han sido interrumpidas, estas protestas ponen en riesgo la ejecución de importantes inversiones en el sur del país. Antapaccay, la extensión de Tintaya, representa una inversión de US$ 1,470 millones y, además, Xstrata (la empresa que opera Tintaya) hace trabajos de preconstrucción en su proyecto Las Bambas (Apurímac), que requerirá una inversión de US$ 4 230 millones y cuya infraestructura también está vinculada al proyecto Antapaccay. Adicionalmente, el desarrollo de ambos proyectos jalará otras inversiones en el sur del Perú, como en el puerto de Matarani (Arequipa), el Ferrocarril del Sur, generación y transmisión eléctrica, entre otros.En cuanto a aportes fiscales, las protestas comprometen el desarrollo del proyecto de Antapaccay y, por lo tanto, S/.280 millones al año que la empresa minera podría pagar a partir del 2013 por canon y regalías mineras. De este monto, aproximadamente S/.110 millones irán directamente a la provincia de Espinar, lo que le permitiría aumentar su presupuesto de inversión pública en más de 50%, multiplicar por 14 su inversión en saneamiento o por 36 su inversión en salud. Las protestas también ponen en riesgo una serie de proyectos sociales que la minera Tintaya viene desarrollando. Por ejemplo, como parte del convenio firmado en el 2003, la empresa ha ejecutado más de 750 proyectos con inversiones en obras de infraestructura, programas de mecanización agrícola, capacitación, infraestructura educativa, entre otros. En Espinar, como en otros muchos distritos mineros del Perú, la empresa privada provee buena parte de los recursos económicos y humanos que permiten construir infraestructura pública e implementar programas sociales. Estos recursos no vienen solamente de sus aportes al fisco sino también por ejecución directa de las propias empresas.En este sentido, la actividad minera juega un rol muy importante en la lucha contra la pobreza y el Gobierno debe comprometerse con acciones muy concretas a promover el acercamiento entre empresas y comunidades. Viabilizar inversiones como las de Antapaccay, Las Bambas, Conga, entre otros muchos proyectos de inversión en distintos sectores debe formar parte de la agenda de inclusión social de este Gobierno.
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