Leo hoy que algunas organizaciones de izquierda hacen pública su posición respecto a la minería formal. He quedado muy confundida. ¡Resulta que sí están a favor de la minería! No se oponen a ella. Se oponen a “esta” minería formal peruana a la que acusan, en resumen, de no tener estándares ambientales razonables y de no contribuir al desarrollo del país.En una democracia se aplica la ley. Si no la cumples, se aplican sanciones. ¿Existen estándares ambientales para la minería? Sí, como para empapelar una montaña. ¿Se aplican? Sí, sobre todo en la minería formal, moderna y privada. ¿Se fiscalizan? Sí, por el Estado y por la propia empresa. ¿Se sanciona el incumplimiento? Por supuesto, porque puede existir incumplimiento y debe garantizarse un remedio. ¿Cuáles son los nuevos estándares que quieren que se adopten los que se oponen a "esta" minería? Por ahora, misterio.Tomemos como ejemplo el caso de Xstrata que opera en Tintaya. 12 monitoreos a la operación minera desde el 2002 no parece poca cosa ¿verdad? En resumen, ninguno muestra contaminación. ¿Eso importa? No. Lo que importa es desacreditar el resultado. Para los opositores, Osinergmin y la Oefa al ser entidades gubernamentales tienen que estar compradas por la empresa. Esa es la única explicación posible para que 12 veces hayan dicho lo mismo. No hay posibilidad que 12 veces la verdad pueda seguir siendo la verdad. Y, para desacreditar el resultado con “pruebas”, se consiguen un estudio ajeno a la cuestión y lo pasan de contrabando. Ya está, ¡la empresa contamina!No existe sector productivo peruano que tenga los niveles de exigencia regulatoria ambiental que tiene la minería. La industria, que vaya que contamina, no tiene institucionalidad gubernamental que la fiscalice y nadie protesta. ¿Puede ésta reformarse para mejorar? Por supuesto y debe hacerse. Sobre todo para la minería informal que sí contamina, evade y esclaviza y frente a la que nuestros ahora "pro-mineros de otra minería" callan y jamás protestan.No es necesario explayarse en el tema de la contribución al desarrollo. No existe un sector productivo que contribuya tributariamente más que el minero. Hoy, sin minería, el presupuesto nacional no tendría financiamiento. ¿Estos precios se mantendrán por siempre? No. Vivimos de una oportunidad que dura diez años y que ya puede mostrar un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza. Es una obligación moral aprovechar estas circunstancias redistribuyendo.Lo correcto es utilizar el sistema legal para que personas que tienen responsabilidad penal respondan por ella. Hay que hacerlo de forma impecable para que no exista, ni remotamente, una violación de derechos constitucionales. Sin embargo, si el Presidente se queda mudo y escucha a asesores (y a una DBA que se pone más bruta en estos días) que creen que con eso basta y que lo que sigue es meter bala, está perdido.La verdad debe ser la base del diálogo de ideas para evitar tanta muerte absurda. Y la verdad es que el conflicto no tiene una causa ambiental o tributaria. Esto es político. Un grupo de peruanos busca todas las excusas posibles para cerrar un flujo de ingresos extraordinarios al Estado. Es imprescindible para el gobierno contestar políticamente y hacer docencia de ideas. El problema es que parece no tenerlas después de que el Presidente abandonó sus propias posiciones anti mineras, afirma Rosa María Palacios.