Es necesario que los temas de responsabilidad social y de inclusión de las comunidades que viven alrededor de los proyectos mineros se traduzcan en instrumentos vinculantes, para que su cumplimiento sea obligatorio, estimó el abogado-dirigente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, César Ipenza. "Si hablamos de nueva minería, los recursos deben destinarse no solo a infraestructura, sino también a garantizar un desarrollo de largo plazo de las comunidades, que permita garantizar una calidad de vida digna cuando ya no esté presente la mina y se haya agotado el recurso mineral", indicó el funcionario ambientalista.