ARREMETIDA. En lo que va de este gobierno los conflictos sociales han venido aumentando y ya llegan a 243 conflictos (mayormente socioambientales), los cuales involucran a 175 empresas, poniendo en riesgo las inversiones (cerca de US$ 20,000 millones, solo en minería). La semana pasada, la Defensoría ya había alertado que nueve conflictos estaban a punto de recrudecer, lo cual ya está pasando, como puede verse con el caso de Espinar y probablemente mañana ocurra otra vez en Cajamarca (caso Conga). En casi todos los casos el problema común de los conflictos sociales es la falta de diálogo, pero si bien a veces es por falta de implementación oportuna de los acuerdos que se toman en las mesas de diálogo por parte de los gobiernos, también es cierto que en muchos casos se debe a la intransigencia. Algunos de los grupos radicales que se vieron desplazados con el viraje del presidente Humala hacia una política más pro inversión, se estarían rehaciendo en torno a liderazgos locales para participar con mayor probabilidad de triunfo en las elecciones regionales del 2014 (y en las generales del 2016), por lo que están aprovechando cuanta oportunidad exista para azuzar los conflictos sociales y desestabilizar el orden público. Ante ello, los partidos políticos y la sociedad civil deben reactivar (o crear) sus bases locales para contrarrestar la arremetida de los radicales. Por su parte, el Gobierno tiene que intervenir oportuna y firmemente para controlarlos, ejecutar los compromisos asumidos y usar instrumentos que le faculta la legislación, como el estado de emergencia.Pero antes que nada, debe cuidar la sostenibilidad del crecimiento y consolidar el programa económico a fin de siguir atrayendo la inversión privada. Si bien este año, a pesar del contexto internacional adverso, el PBI crecería 6%, ello es fruto de la continuidad del programa económico, pero sobre todo de las reformas, ajustes y estabilización económicos hechos en los últimos 20 años. De seguir creciendo los conflictos sociales sin control, el problema será para el año que viene y los siguientes, porque la paralización de la inversión privada que están generando (por ahora en minería) puede expandirse a otros sectores.
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