Transcurridos casi diez meses del gobierno del presidente Humala, ya podemos evaluar lo actuado. Lo primero es reconocer que es adecuado el rumbo de la política económica y, en general, de la promoción a la inversión. Eso ha contribuido a que por décimo segundo año consecutivo sigamos creciendo económicamente con inclusión social.Esta decisión del Presidente es demostración de madurez democrática y de pragmatismo que la mayoría de peruanos aprueba. Sin embargo, uno de los problemas que impide un mayor impacto de esta buena noticia, es la falta de ministros y de equipos técnicos para acompañar las decisiones presidenciales y, sobre todo, que actúen con criterio gerencial y con la velocidad que necesita nuestro país en este tiempo.Con el mundo saliendo de una compleja crisis económica y financiera y con nuestro país compitiendo por mayor inversión para infraestructura y proyectos de desarrollo, cada día es una oportunidad a aprovechar para avanzar con mayor eficiencia y velocidad en la gestión de los recursos públicos y en la promoción de inversión privada para el desarrollo. Ahí está el problema medular de la Administración Humala. Aquí algunos ejemplos para dar una clara idea de lo que decimos. Según la información que cualquiera puede encontrar en la web de Transparencia Económica del MEF, al 15 de mayo último el gobierno nacional solo había ejecutado el 13.5 % del presupuesto de inversiones, y sectores como Educación, Salud o Vivienda apenas habían ejecutado entre el 6% y el 7% de sus presupuestos. El problema es más complicado en los gobiernos regionales y municipios provinciales que reciben canon: la regla es que a más dinero, menos inversiones.Otro ejemplo: las obras de infraestructura financiadas con recursos del Tesoro Público van muy lentas o simplemente no van. Hay pocas convocatorias para concursos públicos; se retrasan los informes sectoriales, prerrequisito para lanzar los concursos, y, en general, se aprecia falta de priorización, pero sobre todo falta de seguimiento de los proyectos. Si no se hace un seguimiento diario y en el campo, el sector público no marcha. Otro ejemplo: El Gobierno Nacional tomó la decisión política de lanzar el concurso para la línea 2 del Tren Eléctrico (Metro) Ate - Callao. Buena decisión. Sin embargo, escoge el camino de hacer primero el concurso para los estudios y luego el concurso para la obra y la concesión. Mala decisión, pues en el mejor de los casos se retrasará en dos años el inicio de la obra física. En la línea 1 se trabajaron los dos temas (estudios y obra) a la vez, a través del "concurso-oferta" (como el sector privado), sin incumplir ningún requisito técnico o legal. Además, en la fase 2 de la línea 1 (viaducto entre la avenida Grau y San Juan de Lurigancho), la obra se inició hace unas semanas, pero con siete meses de atraso.Otro ejemplo: La concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao fue un éxito, apreciada por ilustres visitantes, como el ex presidente chileno Ricardo Lagos. Sin embargo, la rebaja en alrededor del 30% en las tarifas de contenedores a consecuencia de la concesión aún no la aprecia totalmente el consumidor final (importador/exportador), debido a que se mantienen sobrecostos extra-portuarios, que solo se pueden corregir alentando la competencia y permitiendo a los operadores integrar sus servicios.Cada solicitud de servicio nuevo de APM Terminals demora en ser aprobada hasta nueve meses (tres meses Indecopi, tres Ositran y tres APN, el tiempo máximo que cada institución tiene para contestar). No se aprecian nuevas convocatorias para concesiones o nuevas iniciativas privadas porque están enmarañados los trámites y procedimientos burocráticos. Bueno el rumbo, pero lenta la velocidad. Hay que acelerar las decisiones, ser más eficientes en la gerencia de los recursos públicos, señala Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.
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