Mensajes muy confusos son los que ha dado el Gobierno sobre la suerte de los 2.500 trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Por un lado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, de inocultable vocación liquidadora de la empresa Doe Run Perú, ha tratado de dar mensajes de tranquilidad, afirmando que la liquidación en marcha decidida en abril garantiza los derechos laborales de la empresa.En la vereda de enfrente tenemos al ministro de Trabajo, José Villena, hombre del ala dura del titular de Economía, Miguel Castilla, quien ha sido enfático en afirmar que el estado no asumirá la responsabilidad de pago de los trabajadores.La inquietud podría haber quedado absuelta, de haberse oficializado lo señalado por el presidente regional de Junín hace dos semanas desde Palacio de Gobierno, que las empresas Cormin y Buenaventura se harían cargo de la operación, lo cual ha sido negado por ambas corporaciones en comunicados de prensa.
- [La Razón,Pág. 7] /