Pese a que es un requisito indispensable para su programa ambiental, Doe Run no consideró el financiamiento para construir una planta de ácido sulfúrico en La Oroya en el cuarto plan de reestructuración que presentó a la Junta de Acreedores.Según este documento, la empresa ya no pide el allanamiento del Estado peruano a los juicios en EE.UU., como pretendió en su propuesta anterior. Ahora plantea una ley a su medida que le permita operar sin exigencias financieras y ambientales en La Oroya.Asimismo, sugiere que, una vez aprobada esta nueva reestructuración, se apruebe -en un plazo de 30 días- una iniciativa legal que le garantice que el Estado no va a hacer nuevas exigencias financieras.Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, afirmó que esta nueva propuesta mantiene todavía aspectos que deben ser aclarados.Entre ellos, el financiamiento necesario para la tercera planta de ácido sulfúrico, los juicios contra el Estado y el nuevo proyecto de ley que han pedido aprobar en el Congreso, detalló el funcionario.