Es cada vez más evidente que el Estado no tiene la capacidad de atender plenamente las necesidades urgentes de sectores prioritarios, como la salud, educación, cultura y el deporte, especialmente estos dos últimos. Igual sucede incluso en los países desarrollados. ¿Qué hacen entonces para lograr el desarrollo que muestran en esas áreas? Incentivan a la empresa privada a que apoye la labor del Estado.¿Podría acaso operar el Lincoln Center en Nueva York o el Covent Garden en Londres y montar sus fabulosas óperas y ballets sin el apoyo privado? ¿Podrían operar las grandes universidades y hospitales de Estados Unidos y Europa? Imposible. Y ni se diga del deporte amateur. Vemos así cómo las grandes empresas, fundaciones y fortunas del mundo incluyendo a las de muchos países de América Latina, resultan siendo decisivas en complementar la acción del Estado en estas áreas. Para ello, por supuesto, cuentan con políticas tributarias que incentivan este tipo de participación.¿Por qué entonces este mecanismo no se da en el Perú? Recordemos primero que no siempre fue así. Hasta 1991, aproximadamente, el trámite era sencillo y el apoyo de la empresa privada fue decisivo en las distintas áreas. Pero vino ¡cuándo no! el abuso y la corrupción. El Estado no pudo controlar ni impedir el tráfico de certificados falsos, del mercado secundario de papeles de donación, la importación exonerada para entidades que resultaron ser de fachada, entre otras perlas que llevaron a una gran evasión de impuestos. Y el sistema debió ser restringido de tal manera que en la práctica fue aniquilado. Con ello, todos los peruanos perdimos, por culpa de unos cuantos sinvergüenzas.¿Qué hacer entonces ahora? Partamos de la base de que en los últimos 15 años contamos con una mucho más eficiente administración tributaria por parte del Estado y una mejor conciencia tributaria por parte del contribuyente. Consideremos también que el crecimiento de la economía es notorio, por lo que la recaudación ha subido y deberá seguir subiendo. En primer lugar, tendría que eliminarse el actual registro de donantes, así como todo otro requisito burocrático colocado en su momento para frenar las donaciones. En segundo lugar, podría instituirse que tanto donantes como beneficiarios acrediten las contribuciones mediante informes emitidos por auditores externos reconocidos. Así, se garantizaría la transparencia necesaria. Tercero, y fundamental: fijar muy fuertes sanciones (de cárcel) para los que abusan del sistema.¿No sería hermoso ver por fin concluida la Biblioteca Nacional o reconstruido el Teatro Municipal? ¿No nos sentiremos orgullosos de que nuestros niños cuenten con computadoras en los colegios públicos e infraestructura moderna como la que se merecen? ¿Y nuestros deportistas, que reciben del Estado la irrisoria suma de seis millones de dólares para financiar 48 disciplinas (sin contar con que el 85% va a gastos administrativo), contar con los recursos que requieren para brindarnos sus triunfos?En los últimos años las donaciones para los sectores sociales han sido exiguas. Casi nulas, a pesar del interés (y ahora recursos) de muchas empresas. Y es que han sido muy pocas las que se han animado a hacerle frente al mare mágnum del proceso burocrático exigido. Invocamos al Ejecutivo y Legislativo a que, en los meses que le quedan de mandato, aprueben las normas necesarias y nos dejen ese legado. El país y los millones de estudiantes, deportistas, artistas y enfermos se los agradecerán eternamente(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /