Desde hace algunos años, los conflictos sociales por temas mineros se han convertido en un problema muy difícil de afrontar para los gobiernos de turno que se han visto enfrentados a organizaciones sociales y poblaciones que rechazan un determinado proyecto, principalmente por los daños que éstos ocasionarían al medio ambiente.El caso Conga es emblemático, pero no el único. De hecho, la Defensoría del Pueblo registra 117 conflictos socioambientales activos. En ese contexto, la última encuesta de GFK preguntó a un universo representativo de la población nacional sobre el proyecto Minas Conga y el complejo metalúrgico La Oroya (operado por Doe Run Perú), que en las últimas semanas generaron reclamos en Cajamarca y La Oroya, y pusieron a prueba la capacidad negociadora del gobierno.Según los resultados de la encuesta, un 43% de los consuiltados opina que el actual gobierno "está manejando de manera diferente, pero para bien" los conflictos sociales en relación con la administración anterior, frente a un 17% de ciudadanos que piensa que hubo un viraje, pero para mal. Además, un 49% se inclina por que primen las decisiones del gobierno central en cuanto a temas de inversiones y temas mineros, frente a un 41% que opina que deben ser las de los gobierno regionales. La población del sur del país es la que apuesta mayoritariamente por esta segunda opción (65%).Es importante también anotar que un 53% de peruanos apuesta por el diálogo para solucionar el conflicto generado en torno al proyecto Conga, seguido por un 23% que piensa que se debe dialogar, pero también tomar algunas medidas de fuerza. Solo un 17% considera que se debe acceder directamente a todos los reclamos de la población y un minoritario 5% apuesta por la fuerza para solucionar el problema.