Al pleito jurídico desatado entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional (TC) se sumó un tercer participante: la Defensoría del Pueblo. Y es que el defensor adjunto para asuntos constitucionales, Samuel Abad, expresó ayer su respaldo a la posición del TC, la cual se recoge en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional: las resoluciones del JNE pueden ser revisadas cuando violen la tutela procesal efectiva o cuando no sean de naturaleza jurisdiccional.El pronunciamiento se dio luego de que el jueves no se pudiera aprobar en el Congreso un proyecto de ley para eliminar ese artículo y ratificar que no procede recurso algunos contra las decisiones del JNE, tal como lo expresa la Constitución."El Congreso haría mal si cerrara toda posibilidad de un eventual control de decisiones que sean violatorias del debido proceso", dijo Samuel Abad en CPN Radio. Precisó que el referido código solo busca "revisión absolutamente excepcional y solo cuando hay una violación clara y manifiesta del debido proceso". Al respecto, citó un fallo del TC y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respaldan esta posición.(Edición sábado).