Las nuevas condiciones para establecer una minería amigable con el medio ambiente en el país deben traducirse en normas que hagan vinculante su cumplimiento, sostuvo César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Comentó, en ese sentido, las medidas anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer la fiscalización ambiental de las operaciones mineras, reforzar las herramientas que eviten y mitiguen su impacto en el ecosistema y garantizar el acceso al agua como política de estado prioritaria, entre otras. "Se requiere concretar esto en instrumentos que hagan vinculante u obligatorio lo que ha dicho el presidente (de la República, Ollanta Humala) y que permitan fortalecer la institucionalidad ambiental", afirmó Ipenza. El experto de la SPDA consideró que también se debe hacer una fuerte reedición del sistema de evaluación de los estudios de impacto ambiental.