PERITAJE ESPERADO. En sus más de 250 páginas, el dictamen pericial que elaboraron tres expertos internacionales sobre el componente hídrico del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Conga, plantea una serie de mejoras y análisis adicionales que ciertamente demandarán mayores inversiones de parte de Minera Yanacocha S.A. Pero considerando la delicadeza del caso y la seriedad y detalle que muestra el referido dictamen, la empresa tendrá ahora que evaluar la repercusión en los costos de las mejoras sugeridas. Al fin de cuentas la rentabilidad del proyecto dependerá de ello.El lenguaje técnico del documento no es de fácil comprensión, pero confiamos en que las autoridades puedan leerlo y entenderlo, en particular los congresistas que representan a Cajamarca, los alcaldes de la zona y, por supuesto, el presidente regional, Gregorio Santos, quien estuvo dando declaraciones confusas la semana pasada, quizá porque ahora será más complicado oponerse a la realización de un proyecto que tendrá un EIA corregido y aumentado.Por ello es que la prioridad para que el proyecto pueda continuar, con un mayor enfoque medioambiental, es contrarrestar la posición intransigente de quienes seguirán en su contra por razones políticas. La estadounidense Newmont, que controla la mayoría accionaria de Minera Yanacocha, está en la obligación de mejorar la imagen de la empresa en Cajamarca, puesto que se percibe un divorcio entre su contribución económica y los sentimientos de rechazo que despierta en parte de la población.La corporación tendrá que coordinar esos esfuerzos con el Gobierno, a fin de reducir drásticamente la falta de conocimiento que existe sobre el proyecto y hacer frente a las campañas de desinformación, que seguramente se intensificarán muy pronto. Ya no será posible -ni socialmente rentable- continuar trabajando de espaldas a la opinión pública.Un punto de partida será informar qué inversiones está ejecutando el gobierno regional con los recursos del canon (S/. 120 millones en el 2011) y qué políticas se ejecutarán para reducir la pobreza monetaria en el departamento (49.1%, una de las tasas más altas del país).
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