Aunque la fiesta será solo a medias, pues, como más de una vez hemos explicado, Petro-Perú debería vender no el 20%, sino el 100% de su propiedad. Su sola existencia viola la Constitución, que prohíbe al Estado realizar cualquier actividad empresarial que pueda ser prestada por privados; es decir, justo a lo que se dedica hoy la petrolera. Esta prohibición no es gratuita. Las empresas estatales suelen ser ineficientes ya que los funcionarios públicos, al invertir dinero de los contribuyentes, no tienen el empuje de quienes ponen en juego dinero propio. Además, como el Gobierno tiende a considerar "estratégicas" a sus empresas, tiene la mala costumbre de utilizar los impuestos que pagamos todos para financiar su rescate cuando naufragan y quiebran por su propia ineficiencia. Quien no esté de acuerdo puede revisar la historia de las empresas públicas peruanas, que está ahí, precisamente, para despejar las dudas de los escépticos.A pesar de no ser el ideal, la intención del Gobierno de vender el 20% de las acciones de Petro-Perú es una muy buena noticia. Si el Estado ha decidido no privatizar la empresa, resignándose a seguir tropezando con la misma piedra, debe tratar al menos de evitar estrellarse contra el suelo. Y es que, cuando por lo menos una parte de la propiedad de la petrolera se encuentre en manos privadas, habrá alguien dentro de la empresa interesado en evitar que se tomen decisiones guiadas por populismo y que no persigan la rentabilidad. Si no lo hace, después de todo, podrá perder su dinero. Estas mejores decisiones terminarán beneficiando no solo a Petro-Perú y a sus inversionistas, sino también a los contribuyentes, quienes enfrentaremos un riesgo menor de terminar subsidiando sus eventuales pérdidas. La bolsa de valores, además, se convertirá en una vitrina donde cualquier acto de ineficiencia o corrupción será expuesto con mayor claridad. Al cotizar en ella, la compañía estatal se verá forzada a publicar periódicamente su información financiera, así como todo hecho de importancia para sus accionistas, terminando con el secreto bajo el que hasta el día de hoy pueden realizarse algunas de sus operaciones.Los precios de las acciones listadas en bolsa, por otro lado, servirán como silbatos que alerten sobre una mala gestión, pues los inversionistas privados castigarían las malas decisiones empresariales vendiendo sus acciones, lo que generaría que su precio baje. Esto, a su vez, enviaría al mercado la señal de que algo está fallando en el manejo de la compañía y facilitaría notar si Petro-Perú se encontrase mal gerenciado.Sería bueno, eso sí, que la participación del capital privado en la compañía estatal fuese aún mayor que el 20%, pues se podrían obtener ventajas aún más considerables. Un estudio en varios países realizado por la prestigiosa consultora McKinsey encontró que aquellas empresas en donde el Estado solo tiene un porcentaje de acciones minoritario logran una productividad 70% mayor que aquellas donde es el único propietario. Y otro estudio de la OECD muestra que la productividad de las empresas privadas es el doble que la de las estatales.No hay duda, entonces, de que si se cumple el anuncio del ministro Castilla, recibiremos una muy buena noticia en diciembre, pues mucho se puede avanzar vendiendo el 20% de las acciones de Petro-Perú. Aunque, de todas formas, guardamos el más sincero deseo de que el ministro de Economía venga con otros cuatro regalos iguales a este la próxima Navidad.