Con la asesoría legal del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca preparan una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber vulnerado sus derechos al decidir unilateralmente la realización del proyecto Conga dentro de sus territorios.Según información de Mirtha Vásquez, de Grufides, los derechos conculcados están referidos a la vida, la integridad personal, a la propiedad privada, a los derechos políticos, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos.Comuneros y ronderos solicitan a la CIDH que recomiende al Estado la suspensión del proyecto Conga, el cumplimiento de la consulta antes de otorgar concesiones, el retiro de militares de las provincias de Celendín, Cajamarca, y Bambamarca; el restablecimiento de la institucionalidad indígena en el Estado, entre otros requerimientos.