El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, ratificó la posición de defensa del medioambiente y de la salud de la población de La Oroya en el caso Doe Run Perú (DRP), y dijo que hasta el momento las organizaciones ambientalistas no han fijado posición sobre la materia. "Efectivamente no hemos visto nada al respecto", manifestó el representante del Ministerio de Energía y Minas.De otro lado, el juez superior de Lima, Ángel Romero Díaz, consideró que el gobierno debe ejercer la autoridad y proteger a cientos de personas, incluso niños, que trabajan en minas que funcionan ilegalmente en el país."Se sabe que la informalidad es generadora de muchos problemas, por eso el gobierno debe ejercer la autoridad y presentar proyectos de ley para mejorar este importante sector económico del país", aseveró.