1. La semana pasada viajé a Huancayo, invitado a dar una conferencia en la Universidad Continental. Hace más de 15 años que no visitaba esta pujante ciudad (¡ya me había olvidado de la altura y del frío!); me impresionó su desarrollo inmobiliario, el mantenimiento de la red vial y, sobre todo, el campus y equipamiento de la institución anfitriona. Educación de calidad es lo que cambiará este país y llevarla a provincias es un reto que está siendo poco a poco enfrentado por el sector privado. Tuve la oportunidad de aprender y compartir lo que había preparado para la conferencia gracias a que la universidad me pagó el pasaje en avión. De otra manera, no hubiera llegado; me habría quedado varado en la Carretera Central debido a la toma de ella que hicieron los trabajadores de Doe Run.2. En efecto, el miércoles pasado, justo antes de Semana Santa -la semana que junto a la de Fiestas Patrias es la de mayor turismo interno en el Perú-, un grupo de trabajadores de Doe Run tomó la Carretera Central, a la altura de La Oroya. Esto puso en peligro el flujo de turistas a una serie de destinos tradicionales: Huancayo, Tarma, San Ramón, La Merced, entre otros. Además, interrumpió el flujo del comercio, con la consecuente pérdida de valor de los bienes perecibles que no pudieron llegar a tiempo a sus mercados de destino. Así nomás, decenas de miles de familias de la sierra y selva central del Perú vieron su bienestar afectado por la acción ilegal de unos cuantos trabajadores, seguramente azuzados y financiados por los dueños de Doe Run, una empresa que lo único que hace es burlarse repetidamente del Estado peruano.3. Los trabajadores, guiados justamente por el tipo de inversionistas que no queremos atraer al Perú, fueron usados para extorsionar al Gobierno. Se trata de obligar al Estado a que cambie las reglas del juego en beneficio de un determinado inversionista y a costa de la salud de miles de familias que han sufrido de las consecuencias del más despiadado menosprecio por el medio ambiente. ¿Ha visitado usted La Oroya en los últimos veinte años? ¿Ha visto lo que las emisiones han hecho con los cerros y el agua? Imagínese lo que ha hecho con los pulmones y la salud de los residentes de la zona. 4. Y no es que los trabajadores no tengan un legítimo derecho a defender sus puestos de trabajo y el bienestar de sus familias, pero seamos claros: sus derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. Al igual que todos los peruanos, los trabajadores de Doe Run deben acatar la ley y si no, que sufran las consecuencias. Es hora también que el Gobierno tome el toro por las astas y termine con esta burla. Existen alternativas para que el complejo metalúrgico de La Oroya sea operado por otras empresas, con la participación de los actuales trabajadores. Y el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo. Es hora que le digamos a Doe Run: "ya basta". El Perú necesita atraer inversionistas, pero buenos inversionistas, empresarios que generen valor para ellos y para el país, que respeten nuestra normativa y que cuiden nuestros recursos y nuestra población.5. Desgraciadamente, Doe Run no es el único caso en que los malos inversionistas acuden a la extorsión social para tratar de doblarle la mano al Estado. También, justo antes de Semana Santa, vimos como un grupo de pescadores, azuzados por unos pocos empresarios merluceros, amenazaron con ¡tomar el puerto de Paita! Nuevamente, el problema se originó en un tema medio ambiental: la protección de un recurso renovable. ¿Dónde va a parar todo esto? El Gobierno debe actuar con firmeza, afirma Carlos E. Paredes,Director de Intelefin y Profesor de Economía de la USMP.
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