La Junta de Acreedores (JA) de Doe Run Perú (DRP) observó ayer el plan de reestructuración que presentó la empresa con el objetivo de reiniciar operaciones en la refinería La Oroya y le dio plazo hasta el jueves para presentarlo nuevamente, pero con los reajustes respectivos.José Mogrovejo, vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de DRP, dijo a Correo que trabajarán sobre las observaciones que hicieron los acreedores, en mayoría, y presentarán un plan reajustado. Por su lado, Ricardo Trovarelli, gerente general de Cormín (acreedor minoritario), reveló que DRP ha condicionado la inversión de $62 millones para reiniciar las operaciones en la refinería de La Oroya a que el Estado peruano asuma la responsabilidad de la denuncia que un grupo de abogados presentó contra esta empresa en Missouri (Estados Unidos) por contaminación de niños de La Oroya nacidos desde 1997, cuando inició sus operaciones. "Quiere que se pague con dinero de los peruanos un problema que se comprometió resolver cuando entró al Perú", precisó.