Doe Run Perú (DRP) pretende utilizar el contrato de transferencia de acciones, que en octubre de 1997 suscribió con Centromin Perú, para que el Estado asuma la responsabilidad ante una eventual indemnización a favor de 1.300 niños peruanos –afectados en su salud por las emisiones venenosas del complejo metalúrgico de La Oroya– en la corte de San Luis de Misuri (EEUU) .José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP, sostuvo que el Estado peruano se comprometió a asumir la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio ocasionado a la población por la operación del complejo metalúrgico.