La Ley de la Consulta Previa y su reglamento han instaurado una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas, que no se limita solo a tratar las diferencias sobre proyectos de inversión, afirmó Víctor Caballero, funcionario del Poder Ejecutivo."La ley esta dirigida a regular la acción del Estado con los pueblos indígenas, ese es el tema central de la norma, se establece una nueva relación, porque se consagra el derecho de las comunidades originarias a ser consultados", manifestó.La ley otorga el derecho a los pueblos nativos de opinar sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten a sus derechos, y también prevé que se les consulte sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional que los involucren.