El Tribunal Constitucional (TC) escuchó ayer durante más de una hora los alegatos de los representantes del Ministerio Público y el Gobierno Regional de Cajamarca sobre la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional 036, que declara inviable el proyecto minero Conga. Esa disposición declara también intangibles las cabeceras de cuenca de la región Cajamarca. Al final, el TC decidió dejar al voto la demanda. Se informó que tiene un mes para pronunciarse. El fiscal de la Nación, José Peláez, se encargó del alegato que sustentaba la demanda. Pero fue el abogado Jorge Luis Calogero, asesor del Ministerio Público, quien presentó la sustentación jurídica. Su posición fue sencilla: el Gobierno Regional de Cajamarca no puede dictar una norma por encima de las competencias de organismos del Estado, como lo son los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente o la Autoridad Nacional del Agua.