Hoy el Tribunal Constitucional (TC)revisará la constitucionalidad de la ordenanza que el presidente regional de Cajamarca emitió en diciembre, estableciendo la intangibilidad de todas las cabeceras de cuenca de su región y prohibiendo en la práctica el desarrollo de cualquier futuro proyecto minero en ella.Tiene el trabajo fácil el TC. Gregorio Santos posee la misma facultad para prohibir la minería en las cabeceras de cuenca que para declarar a Cajamarca una teocracia musulmana en la que las cajamarquinas deban llevar velo. La Constitución establece que vivimos en un Estado unitario y la ley, a la que aquella otorga la facultad de regular este asunto, establece que es el Gobierno Central el encargado de decidir el ordenamiento territorial nacional (es decir, dónde se puede o no se puede hacer algo por motivos ambientales) y establecer l los Límites Máximos Permisibles de afectación al ambiente (es decir, hasta dónde se puede afectar el ecosistema con una actividad). Lo que ha ordenado el señor Santos en su "ordenanza" tiene, pues, el mismo nivel de obligatoriedad que la voluntad que sobre las cabeceras de cuenca pueda expresar cualquier ciudadano. Desde que los gobernantes cesaron de recibir su poder del Espíritu Santo, para pasar a tenerlo por delegación popular, no existen autoridades absolutas. Toda autoridad lo es solo dentro del marco de decisión que le ha delegado la ley: fuera de este, aún el presidente de la República es un ciudadano más,y sus ideas y palabras, unas ideas y unas palabras más.No se trata simplemente de que la ley no dé a los gobiernos regionales la potestad de decidir los márgenes ambientales en los que puede haber actividad productiva en sus respectivas regiones. La ley siempre se puede cambiar si se alcanza un acuerdo político. El punto de fondo está en que esta ley concreta no podría cambiarse sin romper con ello la unidad de nuestro Estado. Una estructura en la que todos pagamos impuestos que financian luego servicios estatales destinados también a todos, sin distinción por regiones. Una estructura en la cual, por tanto, el que cada subjurisdicción decidiese autónomamente el nivel de actividad productiva que está dispuesta a aceptar en su territorio (en base a su costo ecológico o a cualquier otro) equivaldría a que cada uno de los contribuyentes a una olla común pueda decidir libremente lo que pone en ella sin perder con ello el derecho de comer luego lo mismo que los demás. ¿O es que acaso los impuestos de las regiones que sí asumen el costo de tener minería en cabeceras de cuenca no sirven también para pagar a los jueces, maestros, médicos, policías, programas sociales y demás actividades del Estado en Cajamarca?Desde luego que sirven, y muy especialmente desde que el Gobierno Regional se ha mostrado incapaz de invertir los inusitados millones que, justamente gracias a la minería, Cajamarca viene recibiendo hace muchos años (solo en el último lustro el Gobierno Regional ha dejado sin usar S/1.230 millones de canon).Es más, el único que está haciendo algo para generar infraestructura hidráulica en esta región rica en agua es el Gobierno Central, propulsor y financista, de la represa de Chonta, que costará US$135 millones de arcas también "centrales".Por lo demás, que sea el Gobierno Central el que decida cuánto costo ambiental es tolerable a lo largo del país no implica un holocausto ecológico. En el caso concreto, la creencia de que no se puede hacer minería en cabecera de cuenca controlando los daños ambientales no tiene fundamento racional. Es más, existen abundantes ejemplos de la minería internacional contemporánea que la desmienten. Y, de hecho, Santos y sus socios no se han acercado siquiera a probar que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto estuviese mal hecho o hubiese sido laxamente controlado por el Gobierno Central. Lo único que ha habido es la palabra de dos líderes ultrarradicales con evidente agenda ideológica y dudosa moral, y un supuesto “informe” del Ministerio del Ambiente que luego resultó no ser tal.Con su ordenanza Gregorio Santos actuó como quienes, cruzando una mano sobre el pecho, empiezan a dar órdenes imperiales creyéndose Napoleón. Toca al TC suministrarle la vuelta a la realidad.