El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que grava el transporte de líquidos derivados de hidrocarburos y gas natural por ductos, con un aporte equivalente a US$1.00 por barril, el cual fue creado por ley la semana pasada para financiar la masificación del gas natural, sería un impuesto de aplicación discriminatoria y confiscatoria, y por tanto sería inconstitucional. Esta observación la hizo el especialista en hidrocarburos, César Bedón, quien indicó que la discriminación es porque la norma no se aplica al transporte de los citados insumos realizado por buques, actividad que lleva a cabo Petroperú, entre Talara y Callao, y Pluspetrol, entre Pisco y Callao. Tampoco se incluyó, acotó, al combustible que se vende directamente en las instalaciones de refinerías y plantas de separación.Además, añadió, ocasiona una competencia desleal sancionada por la Ley de Libre Competencia, si tenemos en cuenta que en el mercado compiten el GLP derivado del gas natural y transportado por ductos, como el obtenido en refinerías.
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