Los maestros y trabajadores administrativos del Ministerio de Educación, implicados en los delitos de terrorismo y violación de la libertad sexual, serán separados de sus cargos e inhabilitados de por vida tanto para ejercer la docencia como para prestar todo tipo de servicios en el sector. El anuncio lo hizo la ministra Patricia Salas O’Brien, al asegurar que en los próximos días el Gobierno remitirá el proyecto de ley que regula dichas medidas extraordinarias al Congreso de la República. "El proyecto plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público", explicó Salas pocas horas antes de presentarse ante el pleno del Congreso de la República para explicar las acciones tomadas con relación al incendio de un almacén de su sector en el Cercado de Lima.