El Gobierno ha anunciado que pronto realizará la segunda parte del aumento del sueldo mínimo que prometió Gana Perú en la campaña presidencial. Concreta así una promesa electoral que, viendo las consecuencias de su cumplimiento, debió tomarse más bien como una amenaza. El sueldo mínimo busca evitar, en la visión de sus propulsores, que las "abusivas empresas" paguen salarios "poco dignos" a los trabajadores. Lo poco digno, para ser francos, es tener políticos que promuevan leyes como esta, que benefician a un pequeño grupo (al que se le podría ayudar de varias otras formas más efectivas) en perjuicio de la enorme mayoría de peruanos. Ya que los defensores del salario mínimo callan sobre sus verdaderos costos, hablemos nosotros sobre algunos de ellos. Todo empresario cuenta con un capital limitado para contratar su personal. Por eso, mientras más caro es contratarlos, menos trabajadores emplean los empresarios. El primer costo que tiene la ley del salario mínimo, entonces, es desincentivar el empleo formal (es decir, el que cumple con exigencias como el salario mínimo). En otras palabras, el salario mínimo solo beneficia a algunas personas cuyos sueldos suben a costa de que se deje de contratar o se despida a otras. Lo único que logra es desvestir a un santo para vestir a otro, estando representados en el santo que queda desnudo la inmensa mayoría (el 80%) de trabajadores que aún no tienen empleo formal. Quizá lo más irónico de todo esto es que los santos que desviste el sueldo mínimo son justamente aquellos a los que les hace más falta la ropa. Los grupos que terminan sin trabajo por culpa del sueldo mínimo y en general de las medidas que encarecen la contratación formal son los más pobres y los jóvenes. La razón es que cuando los empresarios tienen que decidir a quién despedir o dejar de contratar escogen a los trabajadores menos capacitados porque ellos son los que menos producen. Y en estos se concentran los pobres y jóvenes que por su falta de oportunidades y edad han tenido muy pocas oportunidades de prepararse. Así es como el Estado, cuyo fracasado sistema educativo restringe las oportunidades de quienes menos tienen, los vuelve a castigar con una ley de salario mínimo que les impide conseguir un trabajo. Si queremos aumentar los salarios, el camino no es dar una norma que diga: "Los salarios no podrán ser menores de tanto". Esa norma ya existe y solo la cumple el 20% de nuestros contratos laborales. Para subir tanto los salarios como el número de puestos de trabajo, lo que necesitamos es que se cree la mayor cantidad de empresas posibles, que estas se vuelvan más productivas y que compitan entre ellas por los trabajadores. Las leyes que logran este efecto son las únicas que realmente brindan "protección laboral". Las empresas que dan las mejores condiciones laborales del mundo a sus trabajadores -como por ejemplo las de Syllicon Valley- lo hacen pese a que ninguna ley las obliga ello, por puro efecto de un mercado muy desarrollado. Una medida que, por ejemplo, se podría tomar para conseguir este objetivo es una reforma tributaria. Los tributos son como pesas que se amarran a las piernas de las empresas y las obligan a correr más lento. Pese a todos los problemas que todavía presenta el país para las inversiones, el Gobierno se da el lujo de tener una legislación menos amigable con estas que la mayoría de países del primer mundo. Según cifras del Banco Mundial, nuestras empresas pagan una tasa de Impuesto a la Renta más de diez puntos porcentuales por encima que el promedio de la OECD (formado por 34 de los países más desarrollados del mundo). Asimismo, conforme al citado BM, la complejidad del sistema tributario fuerza a las empresas a invertir un 66% más de tiempo en cumplir con sus normas que la media de estos países. En vez de promesas mentirosas como la del sueldo mínimo, el Gobierno debería racionalizar su gasto y reformar el sistema tributario para que se creen más puestos de trabajo y las empresas competitan ofreciendo mejores sueldos. No queda claro, en fin, por qué insistir en decisiones que benefician a unos pocos a costa del resto, siendo posibles reformas que nos beneficien a todos.