El ministro de Justicia, Juan Jiménez, sostuvo ayer que el Decreto Supremo 006-2012, vigente desde ayer y que tipifica a la minería ilegal como delito punible con penas de cárcel es una importante herramienta que contribuirá a combatir y erradicar este delito que afecta al entorno natural y evade el pago de impuestos al Estado.Jiménez especificó igualmente que el decreto otorga un plazo razonable a los mineros ilegales a formalizar su labor. "Hay la posibilidad de negociación con la Fiscalía de la Nación para que puedan dejar la actividad ilícita y reconducirse hacia actividades legales. Por supuesto, el hecho que abandonen estas acciones ilegales implica que ellos puedan formalizarse. De tal manera que las personas tienen la posibilidad de abandonar el delito y llegar a hacer, como cualquier ciudadano, actividades lícitas", puntualizó.