El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que el Gobierno central actúa de acuerdo a sus competencias al declarar como delito la minería ilegal y al aplicar medidas coercitivas contra aquellos que impulsan esta actividad. "Mi percepción es que el Poder Ejecutivo está actuando de acuerdo a sus competencias y de acuerdo al mandato constitucional que tiene de preservar el ambiente y el derecho de las futuras generaciones, en cuanto a un flagelo nacional que es la minería informal", dijo a la Agencia Andina.Sostuvo que los ministerios involucrados, como Energía y Minas, Justicia y Ambiente, realizan un "esfuerzo destacable" porque la minería ilegal conlleva una serie de acciones que perjudican el entorno natural y a las personas expuestas a sustancias químicas.
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