El Estado peruano, haciendo uso de las facultades que le confieren la Constitución y la legislación vigente, ya está dando pasos concretos para poner fin a la minería ilegal y su secuela delictiva de evasión tributaria, sobreexplotación laboral en agravio de hombres, mujeres y niños semiesclavizados e irreversibles daños al medioambiente y la salud pública.El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció la instalación de una comisión de legalización de las actividades extractivas de mineros informales de Madre de Dios, integrada por representantes de varios sectores, tras una reunión efectuada en esa región amazónica.Esta medida demuestra inequívocamente que el gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, tiene voluntad política para facilitar la formalización de la pequeña minería y los mineros artesanales que operan en diferentes puntos del país, y posibilitar, asimismo, que este sector contribuya al desarrollo nacional y genere puestos de trabajo dignos y seguros.De forma simultánea, en aplicación de los cinco decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, se pondrá término a la minería ilegal, cuyos promotores son grandes capitalistas que se escudan en humildes trabajadores, no pagan impuestos ni cumplen con otras obligaciones empresariales y operan sin licencia, empleando métodos vedados que contaminan los suelos, depredan los bosques y envenenan el agua de los ríos, destruyendo cadenas ecológicas.De acuerdo con investigaciones realizadas por las actividades pertinentes existen indicios de que muchas de estas empresas mineras ilegales están incurriendo en lavado de activos con fortunas provenientes del narcotráfico.Si bien los pequeños mineros y los artesanales pueden muy bien incorporarse al aparato productivo nacional e, incluso, pueden obtener acceso al crédito; en cambio, los mineros ilegales no deben continuar desafiando a las leyes que rigen por igual para todos los peruanos.Estudios realizados por el Ministerio del Ambiente y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), estiman que las pérdidas por evasión de estas empresas ascienden hasta los 500 millones de dólares.Lo más grave es que los daños ambientales, en muchos casos irreversibles, se han ido expandiendo hasta afectar a 21 regiones, siendo las más agraviadas Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.Esta actividad ilícita involucra la jurisdicción de varios ministerios, entidades públicas, gobiernos regionales, municipalidades, Policía Nacional Ministerio Público y Poder Judicial, por lo que se hace necesaria una acción concertada de las autoridades.La Sunat, por su parte, ya anunció que este mes iniciará acciones de fiscalización de los insumos químicos orientados a la minería informal, para lo cual se fijarán las rutas fiscales adecuadas de acuerdo con lo que pueda establecer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.En esa misma línea, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha advertido que la contaminación ambiental que ocasiona la minería ilegal merece una sanción "fuerte" y "dura", que sea equivalente a la magnitud del daño que esa actividad causa al país.