Ello, pese al sistemático incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que la empresa se comprometió cuando empezó a operar en 1997. Esto es el equivalente a ‘evaluar’ seguir dando inmunidad legal con nombre propio a un vándalo en serie al que ya se le ha dado antes oportunidades para ‘enmendarse’ y que en la práctica sirvieron solo para que siga en lo suyo. Es decir, algo que hace al Congreso cómplice de un delincuente y asegura la continuación de este en su oficio.No exageramos.La Oroya es el peor desastre ecológico del país. Algo que, considerando lo que hacen los mineros informales, es decir mucho. De hecho, según la revista "Time", La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, compartiendo la lista con Chernóbil, el escenario del desastre nuclear ucraniano, y con Dzerzhinsk, el hogar de la planta de armas químicas más contaminante de la Guerra Fría. En La Oroya, el 99% de los niños de la zona tiene niveles de plomo en la sangre que sobrepasan más de tres veces los límites establecidos como permisibles por la Organización Mundial de la Salud. Además, el plomo, el arsénico, el dióxido de azufre y los otros metales pesados que la fundición lanza continuamente al medio ambiente, exponen a un número indeterminado de poblaciones a un alto riesgo de sufrir cáncer, enfermedades respiratorias, daños al cerebro, al sistema nervioso y al reproductivo, entre otros males.A pesar de esto, Doe Run ha recibido ya del Congreso dos extensiones (en el 2004 y el 2006) a su plazo para cumplir con un PAMA que de por sí le daba nueve largos años para actuar. El Congreso estudia ahora volver a prorrogar el plazo, bajo la presidencia de una persona que, al tiempo que condena a Yanacocha en nombre del ambiente, afirma que a Doe Run "hay que darle todas las facilidades". Acaso sería más práctico y honesto que esta vez el Congreso diga simplemente que Doe Run deberá cumplir con sus plazos cuando buenamente lo considere.Los defensores del facilitador proyecto argumentan que es necesario seguir con la operación de la empresa para garantizar el empleo de sus miles de trabajadores. Y garantizar empleo, qué duda cabe, es un fin encomiable. Siempre y cuando, desde luego, no sea a costa de la salud y la vida de otras personas. Permitir que la fundición opere envenenando poblaciones equivale a permitir que una empresa de combis, con la finalidad de no afectar el trabajo de sus choferes, siga operando a pesar de que en cada esquina atropelle a alguien. Las ‘facilidades’ que se le quiere dar a Doe Run, adicionalmente, pasan por alto que la Constitución prohíbe discriminar, por ejemplo, brindando ‘facilidades’ a una empresa que viola la ley ambiental, cuando nuestro orden jurídico le aplica un estándar muy distinto a todas las otras mineras. En realidad, las ‘facilidades’ que se discuten en el Congreso ocultan dos cosas. Por un lado, populismo para contentar a los sufridos trabajadores de Doe Run, a los que la irresponsabilidad en el manejo y control ambiental de la empresa ha dejado sin trabajo viable (es decir, sin uno que no suponga envenenarse). Por otro lado, favoritismo con una empresa dotada de un lobby poderoso y que por años ha violado nuestra ley sistemática e impunemente.Si el Congreso quiere insistir con su trato ‘especial’ para Doe Run y no parecer tan indecente, tiene solo un camino posible. Que mude permanentemente su sede a La Oroya, incluidos los familiares de los congresistas, y lo decida desde ahí.(Edición sábado).