La minería ilegal no tiene espacio ni razón de ser en un estado de derecho como el que rige en el país, en el que las leyes y los mecanismos de control rigen por igual para todas las empresas, sean éstas nacionales o extranjeras, sin excepciones ni privilegios. Menos podrían reclamar tolerancia las empresas mineras extractivas, que han ido mucho más allá de la informalidad y operan al margen del ordenamiento legal del país, depredando los bosques, contaminando los suelos y envenenando los ríos. Sobreexplotando a hombres, mujeres y niños, los que trabajan en condiciones sumamente precarias, sin derechos sociales, ni remuneraciones dignas, desprotegidos por un régimen de semiesclavitud.Las mineras ilegales no pagan impuestos al Estado ni cumplen con otras obligaciones que tienen con los gobiernos regionales y las municipalidades de las jurisdicciones donde operan.Utilizan indiscriminadamente mercurio, cianuro y otras sustancias químicas que están prohibidas y así han causado daños irreversibles a zonas de gran biodiversidad como Madre de Dios (Tambopata y Manu), Puno (San Antonio de Putina, Carabaya, Sandia), Ica (Palpa y Nasca), Arequipa (Caravelí, Camaná, Condesuyos), La Libertad (Pataz, Otuzco, Huamachuco), entre otras. Es más, para realizar sus actividades al margen de la ley, muchas veces usurpan concesiones y terrenos de propiedad estatal o privada.Los mineros ilegales no saben lo que es la responsabilidad social empresarial y mucho menos se preocupan de realizar estudios de impacto ambiental, para ajustar sus operaciones a los estándares internacionales sobre minería extractiva y protección del medioambiente, con respecto a los derechos de las comunidades involucradas en las zonas de explotación.De allí que el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso haya decidido poner fin a esta situación inaceptable y perjudicial para el país, expediendo un paquete de decretos con el fin de combatir y erradicar la minería ilegal que, como bien lo ha señalado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, "es una lacra que está haciendo demasiado daño a la naturaleza y corrompe a la sociedad".En este punto, tanto el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, como el ministro Merino han sido muy claros en precisar que la aplicación de los citados decretos en ningún momento perjudicará a los auténticos mineros pequeños y medianos y a los artesanales que trabajan en la informalidad.Por el contrario, éstos recibirán facilidades e incentivos para que regularicen su actividad y se formalicen. Asimismo, el Gobierno mantiene abiertas las puertas del diálogo para atender los reclamos y demandas de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas por la minería informal, como lo demuestra la convocatoria de la PCM a una mesa de trabajo con representantes de la región Madre de Dios.La minería ilegal es una actividad negativa que debe desaparecer, en tanto que los pequeños mineros y los artesanales podrán integrarse al aparato productivo para progresar y contribuir al desarrollo del país.