Frente al escándalo por la presencia en el magisterio de 802 personas que fueron condenados por terrorismo, el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simón, afirmó ayer que "a nadie se le puede cortar su derecho al trabajo por haber estado preso".Simon, quien purgó nueve años de prisión por presuntos vínculos con el MRTA, señaló que el problema de la presencia subversiva en las aulas se puede controlar con una tarea fiscalizadora del director del centro educativo."Es injusto responsabilizar a la ministra Patricia Salas, quien es una buena ministra. Por ahí no va la cosa", puntualizó en Ideeleradio.