Durante la época militar en el Perú se expropiaron muchas empresas privadas, una de ellas, Caesa, que se dedicaba a la generación eléctrica, fue en su momento indemnizada de acuerdo con sus activos contabilizados. Hasta allí todo bien.Transcurre 1992, y esta empresa ya extinta reclama un supuesto alquiler de dos grupos electrógenos chatarra que no estuvieron comprendidos en el inventario.Unos años antes se crea por mandato ley la empresa estatal de electricidad del Perú, Electroperú, y los activos de Caesa se trasladan a la estatal.Los dos grupos electrógenos que no fueron contabilizados y que pasaron a Electroperú y a Electrolima, son los motivos por los que Caesa inicia un proceso judicial a Electroperú en 1994.Luego de un largo trajinar judicial con "irregularidades se cometieron embargos y demás abusos, por un monto que a la fecha suman US$ 23 millones, explica el abogado de Electroperú, Miguel Suárez.(Edición domingo).