En la página número dos de la demanda de arbitraje que la dueña de Doe Run, Renco Group, ha presentado contra el Perú se lee: "Esta controversia surge de las violaciones del Perú al tratado de libre comercio, incluyendo el sistemático y constante trato injusto e inequitativo del Perú a Doe Run". En ese mismo párrafo, el complejo metalúrgico que ha hecho de La Oroya una de las diez ciudades más contaminadas del mundo sostiene que el Estado Peruano "no le ha concedido prórrogas adecuadas para que culmine sus proyectos medioambientales".Renco Group acusa al Perú de violar el TLC y dice que las prórrogas excepcionales dadas por el Ministerio de Energía y Minas, primero, y el Congreso, después, para que culmine su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), fueron insuficientes. Lo que los dueños de Doe Run no dicen es que en 1997, cuando compraron el complejo metalúrgico, se comprometieron a concluir sus planes ambientales en diez años, que les otorgaron cinco más y no cumplieron. No dicen tampoco que la mitad de los niños de La Oroya tienen altos niveles de plomo en su sangre.Renco se ampara en el TLC que el Perú firmó con Estados Unidos y sostiene que el Gobierno Peruano ha incumplido los puntos contemplados en el artículo 10, relacionado con las inversiones. "El Gobierno del Perú ha sometido a Doe Run a un sistemático trato injusto y menos favorable que el que ha concedido a Activos Mineros [responsable de la remediación de suelos en La Oroya]", se lee en la notificación del arbitraje.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 6] /